La presidenta de este sindicato en Córdoba, Concepción Ramírez, analizó ayer esta convocatoria. Indicó que en ella «hay un factor de sacarla ahora con la intención de distraer a los funcionarios» de la controvertida reestructuración del sector público.
Esta fue aprobada por la Junta en el Parlamento el 16 de febrero, con los votos únicamente del PSOE, aunque su entrada en vigor en la práctica aún llevará un tiempo. Distintos colectivos y sindicatos —entre ellos, no han estado UGT y CC.OO.— vienen movilizándose contra la reforma y su embrión: el decreto-ley aprobado en julio de 2010. Entre otros motivos, porque consideran que supone la entrada en la Administración autonómica por la puerta de atrás de unas 20.000 personas ajenas a la función pública que, sin concurrir en igualdad de condiciones o superar prueba alguna, consolidarán como fijos sus puestos en la administración, los que hasta ahora tenían en empresas de la Junta.
Todo ello se hace mediante la polémica reordenación del sector público de la Junta. En total, desaparecerán 111 empresas públicas para crear distintas agencias, donde se prevé que se integren 23.476 personas: 2.069 funcionarios, 1.474 trabajadores de personal laboral y 19.933 empleados de las citadas empresas públicas que se extinguirán.
«Camelo»
Ramírez recordó que la puesta en marcha de este concurso «se ha dilatado en el tiempo y ahora, cuando más revuelto está el patio, sale». Aunque debería ser anual, en junio de 2009 fue el último que se convocó.
En cuanto al proceso en sí, uno de los grandes motivos de rechazo para este sindicato es que, explica su presidenta provincial, «nos estamos dando cuenta de que no todas las plazas que tenían que salir» aparecen en el concurso. «Hay muchas cubiertas provisionalmente, sobre todo por interinos, que no salen —reflexiona—. Estamos detectando que muchas de esas vacantes reales cubiertas provisionalmente no están incluidas en este concurso».
Y, luego, recuerda lo que dice la ley: «Que la Junta está obligada a realizar un concurso anual en el que ofrezca las plazas vacantes y las cubiertas provisionalmente». Como el proceso que se acaba de abrir, según Safja, no pone en liza todos los puestos que debería, se trata de «un camelo».
El otro gran motivo de oposición reside en que la convocatoria incluye una disposición que para Safja es un elemento de «inseguridad jurídica total y fraude», ya que permite que un funcionario concurse a una plaza en la administración propiamente dicha y, mientras se resuelve la adjudicación, el citado puesto sea adscrito a una de las nuevas y controvertidas agencias públicas. Si lo logra, no podría renunciar a él.
«El funcionario iría a una agencia donde no sabe cuáles son sus cometidos, ni sus condiciones de trabajo exactas...», denunció Ramírez, para añadir que «no nos pueden convocar a un concurso si no nos garantizan que las plazas son para los lugares donde están convocadas».
En Safja, temen que muchas de estas 700 vacantes vayan a acabar siendo adscritas a las nuevas agencias, que critican, entre otras cuestiones, por ser «un camino para privatizar la función pública y por escapar del control del Tribunal de Cuentas».
Dado que en el resto de provincias la Junta ha hecho una convocatoria idéntica, Safja a nivel regional «casi con toda seguridad recurrirá» los ochos concursos. Ahora bien, Ramírez puntualizó que su sindicato está valorando si solicita o no la suspensión cautelar del proceso, ya que hay trabajadores de la Junta que lo están esperando.
De hecho, pese a todos los defectos que ven en él, Safja matizó que dicho concurso es «necesario, porque llevamos mucho tiempo sin él y afecta a muchos funcionarios desplazados de sus localidades o que desean una cierta promoción».
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