Sólo un pequeño sector de la población tiene empleo formal. Archivo
El mayor desafío del nuevo Estado boliviano es crear 580.000 nuevos empleos en los próximos cinco años y, sobre todo, mejorar la calidad de casi dos millones de puestos de trabajo actuales. Se trata de crear empleos dignos.
Ésa es la conclusión central del estudio “El derecho al empleo digno, en el marco de las autonomías”, realizado por Enrique Velasco Reckling, para la Fundación INASET y la Ayuda Obrera suiza (AOS).
El documento señala que asegurar el Derecho al Empleo Digno, para los entrantes al mercado laboral, en los próximos cinco años, implica para el país crear 580.000 nuevos puestos de trabajo. El 94% deberá ser urbano.
Se advierte, sin embargo, que reducir la informalidad en un 50 por ciento, para ofrecer empleo digno a los bolivianos y bolivianas, es un desafío mucho mayor, ya que exige mejorar 1.800.000 puestos de trabajo, unos 365.000 por año, es decir, el triple de la cantidad de nuevos puestos de trabajo.
Se especifica que Potosí es el departamento donde el desafío de reducir la informalidad y mejorar la calidad del empleo es mayor. Para hacerlo, dice el estudio, debe mejorar o crear ocho veces más el número de empleos que el de su demanda actual. Oruro necesita siete veces más empleos, Chuquisaca y La Paz cuatro veces más, Cochabamba, Tarija y Beni tres veces más, y Santa Cruz y pando sólo necesitarán duplicar su actual requerimiento.
El desafío es de tal magnitud que sólo podrá ser encarado por una acción concertada entre sociedad, en particular empresario y trabajadores, el Estado central y las nuevas entidades autonómicas.
Exige, entre otros aspectos, que el debate sobre las competencias autonómicas se concentra en cómo aunar esfuerzos para alcanzar los objetivos comunes del desarrollo.
Se subraya que la persistencia de un modelo de producción centrado exclusivamente en la explotación de recursos naturales, renovables y no renovables, afecta ya no sólo al desarrollo sino también a la sostenibilidad del proceso autonómico, porque no permitirá contar con los recursos que se requiere.
La viabilidad y la sostenibilidad de las autonomías dependerá de la capacidad que tengamos para generar riqueza social a partir del trabajo y del esfuerzo humano. Las entidades territoriales autónomas deberían concentrarse en desarrollar la capacidad de crear puestos de trabajo y oportunidades de empleo digno y productivo, se agrega.
De acuerdo a proyecciones sobre la población general y la población económicamente activa, para el periodo 2010-2015, se estima que para entonces, la PEA habrá alcanzado a 576.164 personas, de las cuales, el 94 por ciento corresponderá a pobladores en zonas urbanas y el 78% en las ciudades del eje (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz).
Según esas proyecciones, Bolivia debería crear unos 120.000 nuevos puestos de trabajo por año para acomodar a los nuevos entrantes al mercado laboral. En Santa Cruz se necesitan unos 216.000 nuevos puestos de trabajo por año, el 37%, 6% del total de los puestos de trabajo, un 37% urbano y cerca de la mitad, el 48%, rural.
En segundo lugar aparece La Paz, que deberá crear el 21,6% del nuevo empleo nacional y Cochabamba el 18.8%. Esos tres departamentos concentran el 78% de la demanda nacional esperada de puestos de trabajo y el 78,3% del empleo urbano.
LA CALIDAD El problema mayor, sin embargo, según la investigación es la calidad del empleo. Dos tercios de la población ocupada está en el sector informal, lo que implica no contar con contrato de trabajo, ni seguro social, tampoco jubilaciones, ni indemnización.
El Instituto Nacional de Estadística, INE, calculó que el nivel de informalidad para ciudades capital es del 65% y de 90% en áreas rurales.
La informalidad tiene impacto
La informalidad afecta a 3,7 millones de puestos de trabajo en el país, lo que equivale al 74% de la población económicamente activa.
Para revertir esa situación y mejorar la calidad del empleo, en los próximos cinco años, se necesitará habilitar 1.8 millones de puestos de trabajo dignos, equivalentes a poco más de 365.000 empleos por año. Reducir la informalidad a la mitad en cinco años, representará un esfuerzo anual equivalente a tres veces la cantidad de los puestos de trabajo que se necesita crear cada año para atender la demanda de nuevos entrantes.
El 90% del empleo se genera fuera del sector público. Prácticamente el 100% del empleo rural, es decir, unos 2 millones de personas, es temporal, informal lo que significa que no cuenta con contratos de trabajo, ni prestaciones sociales y tiene empleo de muy baja productividad.
De las personas ocupadas en las áreas urbanas, que son unos 2.6 millones de personas, sólo un 60% , es decir,- 1.6 millones, tiene un empleo pleno y no más del 35% (un millón), tiene empleo formal.
Las personas con empleo formal, una tercera parte corresponde, al empleo público, de manera que aproximadamente una de cada ocho personas ocupada tiene un empleo formal, pleno y que contribuye directamente a los ingresos fiscales.
Comercio, servicio y minería ya no son la solución ante el desempleo
Si casi el 100% de la demanda de empleo será urbana y debe generar valor agregado, para contribuir a la transformación productiva del país, los sectores primarios de la economía, como la minería, la agricultura y los hidrocarburos no son solución.
El estudio sobre el Derecho al Empleo Digno, de Enrique Velasco, señala que el comercio tampoco puede ser una respuesta por tratarse de una actividad no transable, de bajo valor agregado y con una productividad muy baja que no contribuye a mejorar el nivel del consumo del mercado interno, porque sólo favorece al comercio informal. Si bien este sector absorbe un 20% del empleo total del país, es refugio para lo que denomina “cuentapropista obligado”.
Los servicios tampoco podrían ser la respuesta ya que concentran la mayor cantidad de empleo con muy baja remuneración y productividad.
Por exclusión, dice el documento, sólo quedan los sectores productivos de transformación.
Proyectos con pocos avances
Bolivia gastó más de 1.200 millones de dólares en programas y proyectos destinados a mejorar las condiciones de empleo en el país, pero tras 20 años de esfuerzos no pudo lograr resultados exitosos, revela un estudio realizado por Enrique Velasco para la Ayuda Obrera Suiza (AOS) y la Fundación INASET.
Se recuerda que desde el cierre de la minería estatal, el año 1985, la generación de empleo se constituye en tema recurrente en todos los procesos políticos, pero en vez de resolverse, adquiere cada vez más importancia y urgencia para los ciudadanos que padecen el temor al desempleo o viven la experiencia de la creciente precariedad del empleo.
Las experiencias realizadas para promover empleo tienen que ver con instituciones como El Fondo Social de Emergencia, que luego se llamó FIS, después FDC, posteriormente PLANE, etcétera. “El país ha gastado más de 600 millones en programas relacionados a empleo de emergencia o a la generación de ingresos y cuando menos un monto similar ha sido canalizado a través del microcrédito, impulsado para promover la dinámica de la economía popular”, dice el estudio.
Agrega que pese a esta inyección de más de 1.200 millones de dólares a lo largo de 20 años, no hay evidencia de que estos cuantiosos recursos pudieran mejorar la capacidad de crear empleo productivo y sostenible.
“Hoy, la informalidad y la precariedad del empleo caracteriza a casi el 80 por ciento de los puestos de trabajo, en tanto que no más del 40 por ciento de la población ocupada tiene un empleo permanente y casi la totalidad del empleo rural adolece de diversos grados de precariedad”.
MOTIVOS Una de las razones que explican este fracaso, es que los problemas del empleo no pueden resolverse en el ámbito de las políticas sociales, ya que el trabajo es, en esencia, el origen de la riqueza social y, en particular, el empleo digno constituye la salida a la gran encrucijada económica, social y política que perciben los trabajadores y la sociedad.
La gente, agrega el estudio, al verificar que el empleo no responde a sus demandas y necesidades de estabilidad e ingresos dignos, incrementa el trabajo por cuenta propia de manera obligada.
Además, se indica que la falta de empleo digno es un problema social porque origina conflictos personales, familiares y sociales que acentúan la pobreza, contribuyen a la inseguridad ciudadana, se reduce la calidad y eficiencia de los servicios. Y es un problema político porque la incapacidad de crear riqueza sostenible mediante el trabajo humano, provoca que los distintos niveles de Gobierno pierdan credibilidad.
Santa Cruz requiere la mayor inversión en empleo
Se estima que en el periodo 2010-2015 se necesitará 3.226 millones de dólares (unos 640 millones por año) para el sector no público. Otros 1.614 millones de dólares por año de inversión Pública Estratégica Pro-empleo.
Se indica que Santa Cruz es el departamento que necesitaría las mayores inversiones con unos 1.820 millones, seguido por La Paz con 1.050 millones y Cochabamba con 910 millones de dólares. En el otro extremo, Oruro necesitaría unos 100 millones de dólares y Pando 66 millones de dólares. Esto significa un aumento de hasta seis veces de los recursos nacionales, departamentales y municipales destinados a las inversiones públicas pro empleo.
Según el INE, la población ocupada en Bolivia aumentó entre 1999 y 2007 a un ritmo de 108.400 personas por año. El PIB generado por cada persona ocupada llegó a 1.900 dólares- año, lo que demuestra que el empleo disponible se ha concentrado en actividades de muy bajo valor agregado, como son agricultura tradicional, comercio y servicios.
La consecuencia de esa situación es que aumentó la cantidad de pobres por insuficiencia de ingre-sos, según los estudios de la Fundación INASET y la Ayuda Obrera suiza (AOS). http://buscotrabajoanticrisis.blogspot.com/
