jueves, 16 de febrero de 2012

La Unión Nacional de Jefes y Directivos de Policía Local, Unijepol, ha anunciado que denunciará ante la Comunidad de Madrid la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Alcorcón


La Unión Nacional de Jefes y Directivos de Policía Local, Unijepol, ha anunciado que denunciará ante la Comunidad de Madrid la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Alcorcón para cubrir el puesto de subinspector de la Policía Local, por "vulnerar claramente" la normativa autonómica. http://buscotrabajoanticrisis.blogspot.com/
La asociación quiere que el órgano competente en el Gobierno regional requiera al Ayuntamiento "sin ningún tipo de amiguismos" la suspensión de la convocatoria y que la realice como marca la Ley de Coordinación de las Policías Locales de la Comunidad de Madrid y su normativa reglamentaria, dicen en un comunicado difundido hoy.
El pasado 31 de enero el Ejecutivo local convocó la plaza de subinspector de la Policía Local para cubrir el puesto por "libre designación", sin oposición, cinco meses después de su actual titular, Sergio Ruiz Platero, fuera apartado de sus funciones por la apertura de un expediente aún sin resolver.
Desde el Gobierno local argumentaron entonces que la convocatoria de la plaza se ajustaba a la norma y era una medida temporal para dotar a la Policía Municipal de jefe hasta que se resolviera la situación de Platero, quien una semana antes de ser suspendido denunció a parte del Gobierno local por "coacción y amenazas".
Unijepol ha calificado de "escandaloso" esta justificación porque la propia Ley de Coordinación, señalan, establece sistemas para cubrir el puesto de jefe de Policía Local sin necesidad de crear nuevas plazas y puestos.
De hecho y como se ha hecho hasta ahora, en ausencia de sus jefes por el motivo que sea, la jefatura accidental es asumida por el componente de la Policía Local de mayor graduación; y, si hay varios de esa misma categoría, por el que motivadamente considere el alcalde, indican.
También critican que la convocatoria se haga en un momento en el que la función pública exige austeridad y ven en ella una prueba de las "coacciones y amenazas" que en su día denunció Platero.

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